Marlaska ha concedido la semilibertad a 15 delincuentes sexuales contra el criterio de la cárcel

Más allá de las consecuencias de la ley del sólo sí es sí, el Ministerio del Interior ha mejorado desde 2020 la situación penitenciaria de 19 presos condenados por delitos sexuales en contra del criterio de las juntas de tratamiento de las cárceles, el órgano que clasifica a los internos en función de su evolución.

El dato ha sido aportado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al Congreso, a través de una pregunta por escrito de Vox. La formación de Santiago Abascal reclamó en concreto a Interior «cuántas progresiones a segundo y tercer grado a un penado han sido concedidas en contra del criterio desfavorable de la Junta de Tratamiento respectiva, en relación con condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual en los últimos tres años». Vox también requería a Interior que indicase el centro penitenciario en que estos presos cumplían su condena, aunque este requerimiento no fue atendido.

Tercer grado

En su respuesta, Instituciones Penitenciarias revela que cuatro presos fueron progresados a segundo grado entre 2020 y 2021 pese a contar con un informe desfavorable de los técnicos y 15 lograron el tercer grado o semilibertad en el mismo periodo. Según esta respuesta, en el primer semestre de 2022 no se habían resuelto nuevas progresiones.

Los técnicos de las juntas de tratamiento de las prisiones son los encargados de clasificar a los internos en función de su personalidad, su historial delictivo y la duración de la pena, entre otros criterios que deberán ser evaluados en cada caso. Estas clasificaciones de grado son revisadas periódicamente, teniendo en cuenta la evolución del interno.

La ley del sólo sí es sí, que hasta el momento ha beneficiado con una reducción de condena a más de medio millar de agresores sexuales -medio centenar han sido excarcelados- incorporó novedades en cuanto a la progresión al tercer grado de estos presos. Se ha introducido la obligación de que sea valorado un informe específico sobre el «aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual». Esta valoración se aplicará a los delitos de agresión sexual a menores de 16 años, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores de 16 años y trata de seres humanos cuando la víctima sea persona menor de edad o discapacitado necesitado de especial protección.

En estos delitos se establece el llamado «periodo de seguridad», que determina que «cuando la duración de la pena de prisión sea superior a cinco años la clasificación del condenado en tercer grado no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena». En otros delitos, esta circunstancia podrá ser ordenada por el juez o tribunal.

El tercer grado confiere una amplia autonomía al preso. Se aplica a presos que se considere que están capacitados para llevar una vida en semilibertad o se encuentren en situación terminal. Los internos pueden salir de prisión durante el día y sólo tienen que regresar a la cárcel para dormir. Durante el día pueden desarrollar actividades laborales, familiares, o recibir tratamiento, entre otras. Se fundamenta en la reinserción progresiva del recluso en la sociedad, cuya progresión debe ser valorada por las Juntas de Tratamiento. En estos órganos participan psiquiatras, educadores o asesores jurídicos, entre otros, que siguen el día a día del recluso.

Polémica

Uno de los casos más polémicos en relación al tercer grado fue el del asesino de Lardero, Francisco Javier Almeida, que se benefició de esta progresión durante su condena por el asesinato y agresión sexual a una joven en Logroño en 1998.

Mientras disfrutaba de ese régimen de semilibertad, Almeida asesinó al pequeño Álex, de nueve años. El permiso se había concedido en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso (Cantabria), una decisión que fue recurrida por el asesino. El Ministerio del Interior resolvió a favor del reo.

Precisamente, Almeida ha sido uno de los beneficiados por la ley del sólo sí es sí, y ha visto rebajada en dos años su condena por el asesinato de la joven de Logroño. En la actualidad, se encuentra en prisión provisional por el crimen del niño Álex.